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Se pelean el control del partido para 2027, operando nuevamente como el viejo régimen del PRIAN.

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Un senador acusa a su propio gobernador de exigir el poder nacional mientras financia a la oposición en su estado.

Un rumor de reestructuración sacudió a las corrientes internas que ya se repartían el pastel de las elecciones intermedias. Claudia Sheinbaum evalúa nombrar al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como el jefe máximo de los encargados territoriales para 2027. La noticia cayó como balde de agua fría entre los coordinadores previamente designados, pero el más inconforme es el senador Adán Augusto López. El exsecretario de Gobernación reaccionó inmediato ante lo que percibe como una invasión a su zona de influencia. La disputa no es por la continuidad del proyecto político; es una gu~rr* abierta por el control de las candidaturas y, por supuesto, del dinero público.

Y cuando se revisan los reclamos del senador, el nivel de cinismo en la cúpula queda expuesto. Adán Augusto no acusa a Durazo de ser mal gobernador, lo acusa de doble traición: alega que mientras el sonorense exige el control nacional de Morena, utiliza recursos para pagarle las encuestas a Luis Donaldo Colosio, el virtual candidato de Movimiento Ciudadano en Sonora. En el ajedrez del poder, la traducción es muy clara: el oficialismo sospecha que uno de sus propios gobernadores está financiando a un candidato de “oposición” para asegurar una sucesión controlada. Financiar a tus rivales para dividir el voto no es una táctica de la nueva política, es el manual más viejo del sistema.

A nivel público predican unidad absoluta; en las estructuras internas, ignoran los nombramientos oficiales y negocian el poder en privado para ocultar la fractura real de Morena. El conflicto de fondo es simple: Alfonso Durazo quería ser Secretario de Gobernación y no lo logró. Para compensar esa derrota, ahora exige que le entreguen el control de las elecciones de 2027. El detalle que omite es que ese encargo ya tiene un dueño legítimo: Andrés López Beltrán, actual secretario de Organización del partido. Intentar saltarse al hijo del fundador para arrebatarle el mapa electoral demuestra que la supuesta institucionalidad del partido es una fachada. Nadie en el comité ejecutivo ha explicado por qué un gobernador en funciones necesita asumir labores partidistas a nivel nacional en lugar de gobernar su estado. Nadie se lo ha preguntado tampoco. El silencio confirma que las reglas aplican para la base, pero nunca para los señores feudales.

El trasfondo de esta pugna de cúpulas es el diagnóstico triunfalista que reina en Palacio Nacional. Durazo presiona por el puesto porque asume que el reciente operativo de seguridad en occidente elevó la aprobación presidencial, redujo la presión comercial de Washington y dejó a la oposición paralizada. Con un panorama que perciben tan favorable, la urgencia por adjudicarse las futuras victorias se acelera. Lo que el oficialismo no calcula es que, al cederle el control territorial a mandatarios que juegan a dos bandas, están cultivando su propia fractura estructural rumbo a 2030.

Al final, la dirigencia tendrá que decidir qué riesgo está dispuesta a correr rumbo al 2027: si entregarle las llaves del partido a un gobernador acusado de operar para Movimiento Ciudadano, o desatar la ira de los cacicazgos locales que exigen su cuota de poder y dinero. Las alianzas incondicionales se terminaron en el momento en que comenzaron a repartirse las listas plurinominales y las candidaturas estatales. La pregunta que el choque de estos dos pesos pesados deja en el aire: si el principal estratega de Morena financia en secreto al candidato estrella de Movimiento Ciudadano, ¿quién es realmente la oposición en este país?