DiarioBonampak

EL CASO DE LA VENDEDORA DE CHICHARRINES EN
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

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Lo que comenzó como una denuncia ciudadana por un presunto abuso de autoridad contra una comerciante informal, se ha transformado en un intenso debate sobre la credibilidad y la sensibilidad de la administración local.

A 24 horas de que se viralizara la historia de una madre de familia a la que presuntamente fiscales le decomisaron su mercancía de chicharrines dejándola sin ingresos para alimentar a sus hijos y comprar medicamentos, el Ayuntamiento que encabeza Fabiola Ricci emitió un pronunciamiento oficial para desmentir los hechos.

Sin embargo, el comunicado oficial se ha topado con una barrera difícil de superar el escepticismo de la ciudadanía.

¿A quién creerle?
El caso ha abierto una profunda grieta en la opinión pública, confrontando dos versiones radicalmente opuestas.

Las autoridades aseguran que los hechos no ocurrieron como se difundieron en redes sociales, buscando desmarcar a la dirección de servicios públicos y fiscales de cualquier atropello.

Para los habitantes de San Cristóbal, la denuncia de la afectada no es un hecho aislado.

La comunidad recuerda que no es la primera vez que se acusa a esta gestión de actuar con dureza contra los sectores más vulnerables, mientras la problemática del comercio informal y flagelos como el cobro de piso siguen sin resolverse de fondo.

El dilema de la credibilidad.