INVESTIGACIÓN POR EL ASESINATO
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LA CEDH ABRE INVESTIGACIÓN POR EL ASESINATO DE DEFENSOR EN CHENALHÓ
Por instrucciones del Mtro. Horacio Culebro Borrayas, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH Chiapas), se inició de oficio el expediente de queja CEDH/QUEJA/1091/2026, derivado del lamentable asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, activista y defensor de los derechos humanos, ocurrido en la localidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, Chiapas.

Este organismo autónomo condena enérgicamente estos hechos de violencia, que atentan contra la vida y la integridad de una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos.
La pérdida de una vida humana representa un hecho doloroso para su familia, su comunidad y toda la sociedad chiapaneca.La labor de las personas defensoras de derechos humanos es fundamental para construir una sociedad más justa, incluyente y democrática.

Su compromiso contribuye a visibilizar las necesidades de las comunidades, promover el respeto a las libertades fundamentales y fortalecer la participación social en la construcción de la paz.
Ante estos acontecimientos, la CEDH Chiapas dará seguimiento al expediente de queja en el ámbito de sus atribuciones, con el propósito de analizar los hechos desde la perspectiva de los derechos humanos y realizar las acciones que legalmente correspondan.
Asimismo, hace un llamado a las autoridades competentes para que, conforme a sus facultades, investiguen los hechos de manera exhaustiva y con apego a la legalidad, a fin de esclarecer lo ocurrido.
La protección de quienes defienden los derechos humanos debe ser una responsabilidad compartida entre las instituciones y la sociedad.
Es indispensable generar condiciones que permitan ejercer esta labor sin amenazas, agresiones ni temor, especialmente en las comunidades donde la defensa de los derechos fundamentales constituye una tarea esencial para la convivencia y el bienestar colectivo.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas reitera su compromiso con la protección de la vida, la libertad y la integridad de todas las personas.
Frente a hechos que lastiman profundamente el tejido social, la respuesta institucional debe conducirse con responsabilidad, sensibilidad y respeto al Estado de derecho, colocando en el centro a las víctimas, sus familias y el derecho de toda comunidad a vivir en paz.
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