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PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA O ALERTA ROJA? SSP ESCOLTA AL CÓNSUL DE GUATEMALA BAJO UN HERMETISMO SOSPECHOSO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. –

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Lo que la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) intenta presentar como un “operativo de resguardo” de rutina, tiene todas las características de una extracción de emergencia en una zona de guerra. El despliegue masivo para custodiar al Cónsul de Guatemala, Cástulo Aroldo Amézquita Godínez, ha encendido las alarmas y dejado una pregunta en el aire:

¿Qué es lo que la autoridad no nos está diciendo?

Blindaje total en la frontera
A través de la Guardia Estatal Preventiva y en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), la SSP montó un operativo de “frontera a frontera”. Desde el punto crítico de La Mesilla hasta Comitán, el trayecto del diplomático estuvo vigilado por un arsenal de recursos humanos y tecnológicos que rara vez se ven para proteger al ciudadano común.
El silencio que alimenta la sospecha
A pesar de la ostentación de fuerza en su página oficial, la SSP se ha negado a aclarar el origen de este operativo.

El hermetismo oficial es absoluto, lo que dispara las dudas sobre la verdadera situación de seguridad en la Región Meseta Comiteca:

¿Amenazas directas? ¿Ha sido el Cónsul blanco de amenazas por parte del crimen organizado que domina la zona fronteriza?
¿Estado de excepción invisible? ¿Es la ruta La Mesilla-Comitán tan peligrosa que incluso un vehículo diplomático requiere acompañamiento de inteligencia ministerial?
¿Protocolo o pánico? Si se trata de una simple “cortesía internacional”, ¿por qué movilizar a las unidades de inteligencia más avanzadas del estado?
Una región bajo la sombra
El silencio de la SSP no solo es irresponsable, es alarmante.

En una zona donde la violencia ha desplazado comunidades y el control territorial está en disputa, que un diplomático no pueda transitar libremente sin un convoy de guerra es la prueba más clara del fracaso de la seguridad en Chiapas.
Mientras la dependencia evita dar respuestas, la ciudadanía en la frontera sur queda con una certeza: si un alto funcionario necesita este nivel de protección, el resto de la población está totalmente desamparada.