DENUNCIAN VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE ANGÉLICA MÉNDEZ EN OCOSINGO
Chiapas en la Mira | Ocosingo, Chiapas | 29 de abril de 2025-Un escalofriante episodio de violencia institucional sacudió hoy a Ocosingo, Chiapas, poniendo en evidencia una preocupante falta de sensibilidad y humanidad por parte de las autoridades municipales. Según reportes locales, una menor de edad fue sometida con fuerza desmedida por policías municipales en el tianguis campesino, mientras intentaba, entre gritos y llanto, proteger a su padre, un vendedor ambulante que buscaba el sustento diario.
La escena, captada y difundida ampliamente, ha generado indignación por su brutalidad: una niña tratada como amenaza al orden público, un reflejo crudo de la represión selectiva que parece caracterizar a la actual administración.
La presidenta municipal, Manuela Angélica Méndez Cruz, quien asumió el cargo en octubre de 2024 como la primera mujer en liderar Ocosingo, prometió un gobierno distinto bajo el lema “Palabra de mujer”. Sin embargo, este incidente, junto a otras denuncias, dibuja un panorama de violencia institucional, hostigamiento a sectores vulnerables y una desconexión con las necesidades de los más humildes.
La pregunta resuena en la comunidad: ¿cómo puede justificarse una acción tan desproporcionada contra una menor y su familia?
Los comerciantes informales, pilar económico de muchas familias en Ocosingo, enfrentan una campaña sistemática de hostigamiento. Según fuentes locales, se les exige el pago de un “gafete” municipal para operar, una práctica que, de no cumplirse, resulta en decomisos de mercancías, detenciones arbitrarias y humillaciones públicas. Este esquema, denunciado como extorsión institucionalizada, parece contar con el respaldo de figuras clave en el Ayuntamiento, como el Oficial Mayor Yerat Trujillo Rodríguez, señalado por su influencia en estas directrices.
Mientras los pequeños comerciantes luchan por sobrevivir, la administración de Méndez ha sido criticada por privilegiar a grandes cadenas comerciales, como Chedraui, cuya llegada fue celebrada oficialmente. Este contraste evidencia una política que favorece a los poderosos y margina a los más vulnerables, contradiciendo las promesas de un “cambio total” para Ocosingo.
Las denuncias no se limitan a los vendedores ambulantes. María Candelaria, una trabajadora de limpieza de edad avanzada en el Ayuntamiento, fue despedida injustificadamente, sin liquidación conforme a la ley y sometida a un trato humillante, según reportes. Este caso se suma a otros despidos de empleados y expolicías municipales, quienes denuncian un patrón de clasismo y desprecio por los derechos laborales básicos. Estos actos chocan con el discurso humanista de la administración y refuerzan la percepción de un gobierno que prioriza el control sobre la justicia social.
La violencia institucional en Ocosingo no es un hecho aislado. Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado previamente violaciones a los derechos humanos en el municipio, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades locales. El caso de la menor en el tianguis campesino se suma a esta alarmante tendencia, exigiendo una intervención inmediata de los defensores de derechos humanos y una respuesta clara de la administración de Méndez.
La ciudadanía de Ocosingo, indignada, exige transparencia y rendición de cuentas. Gobernar implica servir a todos, no solo a una élite económica o política. La violencia contra una niña, los comerciantes y los trabajadores no puede justificarse como “orden público”; es, en esencia, un abuso de poder que vulnera los derechos humanos.
Es imperativo que las autoridades estatales y federales investiguen estos hechos con diligencia, que se sancione a los responsables y que la administración de Angélica Méndez rectifique un rumbo que parece haber perdido toda brújula ética. La violencia institucional no es sinónimo de gobernanza; es la manifestación más cruda de la impunidad. Ocosingo merece un gobierno que proteja, no que reprima, a sus ciudadanos más vulnerables.
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