DERECHOS HUMANOS ATADA DE MANOS
#DiarioBonampak
LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS ATADA DE MANOS
El reciente secuestro de una comunidad entera en el municipio de Chenaló, Chiapas, a manos del crimen organizado, deja al descubierto la grave situación de vulnerabilidad en la que viven cientos de familias. Frente a este escenario de terror y hostigamiento, tres puntos clave explican la crisis de respuesta e impunidad que atraviesa la entidad.
Ausencia total de las legisladoras autodenominadas “defensoras de la niñez”A pesar de que entre la población secuestrada y amenazada en Chenaló se encuentran niñas, niños y adolescentes expuestos al horror de la violencia armada, las legisladoras que constantemente se hacen llamar defensoras de la infancia y de las familias han mantenido un absoluto silencio.
Ninguna ha emitido un pronunciamiento firme ni ha exigido acciones concretas de protección, dejando al descubierto la inacción y la falta de compromiso real cuando las víctimas más lo necesitan.
Imposición de una junta directiva en el Congreso para frenar los derechos humanos.
Esta parálisis no es un hecho aislado, sino el resultado directo de las acciones del Congreso del Estado.
Saltándose los debidos procesos legales e imponiendo una junta directiva a conveniencia, el Poder Legislativo ha sido desde el principio el principal obstáculo para la defensa de los derechos humanos en Chiapas.
Con esta maniobra, el Congreso ha bloqueado de manera sistemática cualquier diligencia, solicitud o mecanismo de protección, actuando como un freno deliberado contra las causas y las instituciones que defienden a las víctimas.
El nuevo mecanismo de parálisis: ¿Cómo se actuará ahora ante las emergencias?
A diferencia del pasado, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) actuaba de manera pronta e inmediata ante hechos violentos de alto impacto, el panorama actual ha cambiado radicalmente.
Ante una emergencia o violación grave de derechos humanos —como el secuestro comunal en Chenaló—, la Comisión ya no podrá intervenir de inmediato. Ahora, los casos deberán enviarse primero a una terna impuesta para que analice y decida si el hecho es o no una “prioridad”.
Al someter la urgencia a revisiones administrativas y filtros políticos, los expedientes quedarán aislados y varados en el tiempo, postergando indefinidamente cualquier medida cautelar o pronunciamiento defensivo.
Con este procedimiento, la institución de derechos humanos queda virtualmente neutralizada e incapacitada para reaccionar a tiempo, dejando a las comunidades en un estado de indefensión total frente a la delincuencia.
¿Qué efectividad puede tener la defensa de la infancia cuando las legisladoras guardan silencio en los momentos más críticos?
¿Es aceptable que el Congreso condicione la atención de violaciones graves a derechos humanos a un trámite de terna burocrática?
¿A quién beneficia que se aten las manos a la Comisión de Derechos Humanos mientras las comunidades sufren la violencia del crimen organizado?
¿Usted ya sabía?